Si yo fuera diputado

De las últimas elecciones generales celebradas en España ha resultado un Congreso de los Diputados donde la investidura de un Presidente del Gobierno se antoja harto complicada....

 

Independientemente de las siglas bajo las que hubiera concurrido a las elecciones (si es que concurrió, como es el caso de todos los líderes de los principales partidos, cosa que preferiría, pero la Constitución Española recordemos que no requiere que el Presidente del Gobierno sea diputado - repito para los duros de entendimiento: NO es mi opción, mi opción es que el Presidente haya pasado por las urnas, pero si otros elementos de la balanza lo compensaran aceptaría un candidato que no fuese diputado)....

 

... porque a mí las siglas no me importan más que lo que me importan. Ciertamente, prefiero un candidato que se declare socialdemócrata, o, lo que para mí es equivalente, en mi particular idioma Sergiense, socialista y demócrata)... me importan LAS POLÍTICAS QUE SE HAGAN,  me importan los ciudadanos, y, desde luego, me importo yo, pero desde el convencimiento democrático de que yo a esos efectos no soy ni debo ser más ni menos que los otros 46.999.999.....

 

yo votaría afirmativamente la investidura de un candidato a Presidente si aceptara y garantizara un documento de mínimos que creo que es razonable y asumible por uno o varios líderes de partidos que sacaron diputados en diciembre de 2015.

 

1) España es un Estado Social y Democrático de Derecho. Las tres patas son imprescindibles e intocables: a) social , b) democrático , c) es un Estado de Derecho

 

2) Los ciudadanos de España están llamados en conciencia a comportarse solidariamente los unos con los otros, y el Gobierno español, como órgano ejecutivo de un país signatario de la Convención Universal de los Derechos Humanos tiene la obligación de propiciarlo y facilitarlo

 

3) Todos los residentes estables en España tienen la misma dignidad y derechos, sin distinción de sexo, raza, nacionalidad o cualquier otra circunstancia

 

4) La educación, la sanidad y las pensiones públicas deben ser universales, de la mayor calidad posible que las circunstancias permitan. Los agentes privados que facilitan atención a la sanidad, la educación y las pensiones deben tener garantizado su derecho constitucional a ser una opción individual para quien los elija y las empresas, trabajadores y usuarios de los servicios públicos privados deben ver respetados sus derechos en el marco de la seguridad jurídica que garantiza el Estado de Derecho, la Constitución y el conjunto del ordenamiento jurídico español.

 

5) Las cuentas públicas deben ser gestionadas con el mayor de los rigores, el déficit público no debe ser grande ni imprudente y la deuda pública debe mantenerse en niveles sostenibles, no obstante lo cual las necesidades básicas de los habientederechos, especialmente las garantizadas en el Titulo de la Constitución dedicado a los Derechos Fundamentales deben estar en el centro del foco de la mirada del gobierno y las Administraciones públicas.  La soberanía nacional reside en el pueblo español, que nunca debe ser reemplazado por ninguna Comisión supranacional, ningún organismo internacional, ni ningún gobierno extranjero. La racionalidad en el gasto debe ser el único criterio a sopesar frente a las necesidades básicas de atención sanitaria, la dignidad de las pensiones, y el derecho a una educación de calidad, que, fuera del corto plazo, es la mejor y más rentable inversión que un país pueda hacer en 2016-2020 y siempre.

 

6) La educación será universal, y será gratuita en centros públicos con plazas suficientes para cubrir la demanda, hasta al  menos los 16 años, hoy y siempre, blindada.

 

7) La financiación del Estado de Bienestar debe sostenerse en impuestos justos y progresivos. El Gobierno hará todo lo posible para que los niveles más elevados de renta deban tributar a un tipo efectivo igual o superior al de aquellos quienes tengan una nómina, en el entendido de que el derecho internacional y las condiciones de países extranjeros hacen este objetivo de difícil cumplimiento y conducen a que las medidas evidentes que se podrían tomar podrían tener incluso efectos contraproducentes; el Gobierno de España luchará en los foros internacionales , en cualquier caso, por una modificación del sistema financiero internacional y por la lucha decidida contra los paraísos fiscales, y dotará de medios suficientes y ordenará a la Agencia Española de Administración Tributaria, Servicio de Vigilancia Aduanera, Inspección Tributaria y resto de organismos competentes detectar la reducción de pagos a la Hacienda Pública española por medios ilícitos, constituyan estos ilícito administrativo o Delito. La Fiscalía será reforzada y tendrá instrucciones de actuar vehementemente contra todo aquel ciudadano o residente español del que existan indicios claros de que ha delinquido contra el sistema de tributos que financia nuestros servicios básicos.

 

8) El uso de los recursos públicos debe tener características fuertemente redistributivas.

 

9) La Investigación Pública española, en la Universidad, los centros sanitarios universitarios y el CSIC debe ser potenciada, como instrumento para mejorar la estructura económica de España y garantizar un puesto digno a nuestro país en la economía de la Sociedad del Conocimiento.

 

10) Se favorecerá el conocimiento y la cultura libres. Los standards libres, abiertos, no privativos serán promocionados. Las administraciones públicas los usarán preferentemente, como instrumento de defensa de los derechos ciudadanos que los standards cerrados y privativos no garantizan, cuando no privan directamente de ellos. El software libre se preferirá al propietario siempre que criterios técnicos no concluyan ventajas públicas de interés general en una alternativa no-libre.

 

11) La negociación colectiva real y no nominal será un derecho a proteger con decidida voluntad. El Modelo Social Europeo es una conquista de décadas que costó mucho lograr y que no se debe perder en circunstancia alguna.

 

12) Se favorecerá el auténtico "emprendimiento". Se luchará sin denuedo contra la proliferación de "falsos autónomos" y se actuará según Derecho contra los empleadores que usen la figura del autónomo cuando proceda un contrato laboral. Se trabajará intensamente por la figura del emprendedor y se le facilitará su labor desde las Administraciones. La de autónomo y resto de figuras de empresarios por cuenta propia no deben ser extensamente últimos recursos de quien no halla un contratador por cuenta ajena por circunstancias del mercado laboral. Los autónomos pagarán impuestos y cotizaciones sociales ajustados a sus ingresos reales. Aquellos autónomos y empresarios individuales en general cuyos beneficios no alcancen el Salario Mínimo Interprofesional pagarán cuota cero en IRPF y cotizaciones sociales; naturalmente, con el debido cuidado para evitar figuras que abran aún más agujeros al fraude. Los autónomos soportarán el mismo tipo efectivo de IRPF que soportarían si fuesen trabajadores por cuenta ajena con los mismos rendimientos de su trabajo personal.

 

13) La unidad de españa y la soberanía residente en la totalidad del pueblo español son irrenunciables. La solidaridad fiscal es entre personas y no entre regiones. Los ciudadanos de bajos ingresos de Barcelona pagarán impuestos al mismo nivel que los ciudadanos de bajos ingresos de Badajoz, los ciudadanos de altos ingresos de Almería pagarán los mismos tipos fiscales que los ciudadanos de altos ingresos de Lérida. La secesión de partes de España o la fusión de España con otros países pasarán por el trámite constitucional pertinente y serán votados en referendum por la totalidad de los ciudadanos de toda España mayores de 18 años.

 

Quien garantizase esos puntos tendría mi voto para Presidente de España.